En estos días de julio, con la pandemia aún encima, hemos visto desfilar a una serie de individuos, la mayoría de ellos abogados, algunos de reconocida trayectoria y notoriedad mediática, presentando denuncias para intentar boicotear el proceso electoral peruano, pero también, para atacar a personajes públicos, aquellos que los conjurados, que quieren echarse abajo los resultados de la elección, consideran un obstáculo.

La denuncia penal es la sólida roca sobre la que se cimienta una investigación fiscal y un posterior proceso penal, que puede llevar a la cárcel a los delincuentes. Denunciar no es solo un derecho, constituye una obligación frente a los abusos que a diario cometen quienes manejan malamente el poder y desprecian a sus semejantes. Incluso, se ha consagrado el 23 de junio como el Día Mundial del Denunciante, para otorgarle reconocimiento a quienes tienen el valor de poner en conocimiento de las autoridades la existencia de actos que afectan a la ética o al derecho.

Pero, denunciar ha sido también, desde hace mucho, un vil instrumento para destruir honras, contener ímpetus de corrección política, detener nobles acciones, extorsionar a personas dignas y obtener beneficios personales.

En la antigua Grecia existían los sicofantas (o sicofantes), denunciantes o más bien calumniadores profesionales, que eran requeridos por quienes querían quitarse del medio a un enemigo. Eran muy temidos por las personas honestas, pues, como bien sabemos, construir una reputación puede tomar mucho tiempo, pero destruirla, apenas un minuto, una palabra, una denuncia. 

Estos denunciantes también actuaban movidos por el interés de cobrar un porcentaje de la multa que podía recaer sobre el denunciado, si se comprobaba su delito; en ese sentido, también actuaban como delatores. Figura que hoy subsiste, como un mecanismo de persecución del delito, pero reservada a quienes han participado en los hechos denunciados: la delación premiada y la colaboración o delación eficaz, que en estos tiempos de lucha contra la corrupción se ha transformado en un instrumento válido.

Fuera de ello están los cazarrecompensas o cazafugitivos, que actúan bajo distinto soporte legal en el mundo, pero siempre dentro del marco de la ley.

En la antigua Grecia, a falta de un órgano especializado para investigar el crimen, los ciudadanos estaban obligados a denunciar cualquier delito, a fin de preservar el orden, y es en estas circunstancias que surge los Sicofantas, un mal que se fue generalizando en las democracias del mundo griego antiguo. Y su accionar fue nefasto para muchos ricos, que eran su objetivo principal. Llegando a generarse normas que sancionaban al denunciante de mala fe. Algo que hoy también está regulado, pero es tan ineficaz como lo fue entonces.

En los siglos posteriores, delatores, colaboradores y denunciantes han servido como instrumento de persecución a delincuentes, blasfemos, herejes, pero también a personas honorables a las que se buscaba afectar. Tal el caso del denominado familiar de la Inquisición o familiar del Santo Oficio, cuya función era la de actuar como informante.

Hoy, hablando de persecutores y mercenarios, existe además un nuevo mecanismo que se usa como recurso judicial para accionar en la política y destruir al enemigo, el Lawfare o guerra jurídica, que es el uso de los organismos judiciales, nacionales o internacionales para inhabilitar o descalificar a los opositores políticos. 

“La persecución judicial [LAWFARE] permite obtener diversos resultados, desde detener indebidamente a los adversarios políticos, paralizar financieramente y desprestigiar oponentes, hasta debilitar o deponer gobiernos. La guerra judicial se relaciona y suele coincidir con el fenómeno del golpe blando, una forma de acceso indebido al poder político sin utilizar las fuerzas militares, manipulando las divisiones internas de las sociedades, las redes sociales y los medios de comunicación.”  1

Este procedimiento se sirve de mecanismos mediáticos (guerra mediática), que contribuyen a intensificar o difundir los resultados del proceso judicial, reforzar los objetivos de quienes pusieron en marcha al Lawfare y generar un mayor impacto en la sociedad ante la que se quiere exponer al o los denunciados. En ese sentido, también se utiliza la posverdad (que la RAE define como la "distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales."), que usa la internet y las redes sociales para llegar a sectores más amplios de la población.

De este modo, teniendo como base el conocimiento, el expertise y la red de contactos de los abogados y otros operadores judiciales, se realiza una persecución judicial, instrumentalizando la justicia para intervenir en el ámbito político, cayendo sobre un individuo o un grupo de individuos, con o sin base probatoria.

El derecho y las leyes han sido con mucho un medio de gran valía para contribuir a prevenir y solucionar los conflictos, para buscar la justicia y la paz que nos permitan alcanzar un Estado de bienestar, basado en un Estado de derecho, pero hay quienes constantemente los están instrumentalizando con fines despreciables, sobre todo quienes se deberían preparar para darle un fin digno y eficaz, en esa búsqueda por una mejor sociedad, los abogados, a quienes no debemos mirar solo como simples piezas de una maquinaria, sino como el eje que mueve este vehículo avasallador y dañino en que se puede convertir el derecho si es impulsado por innobles manos.

1  Is Lawfare Worth Defining? Case W. Res. J. Int'l L. Vol. 43:1(September 11, 2010)