El summun del conflicto hispano-catalán, surgido a partir de la declaración realizada por Puigdemont en el Parlament, como cabeza del gobierno catalán, de pedir la suspensión de una “independencia” no declarada, que se encuentra en el limbo político, nos lleva a realizar algunas reflexiones, en torno al cumplimiento de la ley y las decisiones políticas en torno a tal obligación. 

Y es que, defender el Estado de Derecho y la unidad política y territorial, emanada de la constitución política, es una cosa. Otra muy distinta es pretender que un pueblo no tiene derecho a la autodeterminación, sobre todo, cuando no se siente ligado a un proyecto de Estado nación, por ello mismo se considera que al gobierno de Rajoy, le ha llegado la hora de negociar, porque no es cosa baladí la respuesta que dio el pueblo catalán al referéndum del 1-O, por ilegal que se pretenda y por manipulado que se quiera.

Así pues, más allá de lo que quieren Puigdemont, Mas y los demás, el tema pasa, o por conceder las atribuciones que se querían antes de la crisis (y que pudieron calmar las aguas), mediante una reforma constitucional (que se pudo realizar, y no se quiso), o en afrontar la independencia, que en la práctica es, para quienes nunca se sintieron vinculados a España, una secesión.

Sin embargo, habrá quien diga que el Estado debe imponer sus reglas y aplicar el artículo 155° de la Constitución española, pero se trata de una redacción tardía, y que se deslegitima como medida jurídica, pues los actos y efectos que facultan su aplicación se empezaron a producir hace semanas. Sin embargo no se quiso apelar al uso de tal artículo, por cálculo político. Ahora su aplicación obedece a un manejo tardío, que responde antes bien a decisiones de un gobierno arrinconado, que a las que se espera de un Estado soberano. Por lo demás, parece ser inevitable que se tenga que usar la fuerza, ante una Cataluña que, al menos desde sus autoridades políticas, y desde los más comprometidos con el movimiento (que son a su vez los más activos), se quiere independiente. Solitariamente independiente. Al menos en la Europa “dura” e influyente.

Sin duda el argumento que adquiere más fuerza, para descalificar las intenciones secesionistas o independentistas, además de tildar a sus dirigentes de irresponsables (por decir lo menos), y de encontrarse éstos, de espaldas a la historia, es que el referéndum del O-1 no fue legal y que, en todo caso, los resultados han sido manipulados. Pero es que acaso importa que los secesionistas no sean mayoría, o que el referéndum fuese ilegal o que no hubiera un mayor número de votos por el sí? Acaso no se han gobernado así tantas "democracias"? Acaso España no ha forjado su historia con dictaduras, aristocracias, pseudo democracias y oligarquías, que tenían el favor real (y clerical)? Con minorías "selectas" decidiendo sobre los demás?

Esto último parece de un reprobable cinismo, pero no deja de ser realidad, y si se quiere cambiar ello, los españoles tendrán que hacer su tarea y mirar a las minorías que reclaman, y de las que sacan provecho los políticos demagogos, y mirar sobre todo a los pobladores que todavía no sienten a España como su Estado, como su nación, como su proyecto institucional (que los hay, y muchos).

Es la oportunidad para forjar una verdadera democracia, con monarquía parlamentaria o con república. Y a lo mejor terminan dándole las gracias a esa "minoría " catalana, por despertarlos a una realidad que de vez en cuando asoma con preocupación; sobre todo cuando el dinero falta y sobran los resquemores.