Mediante Decreto Supremo N°011-2016-PCM, del 17 de febrero del 2016, se aprobó Reglamento del Decreto Legislativo N° 1180, que estableció el programa de recompensas “para promover y lograr la captura de miembros de las organizaciones criminales, organizaciones terroristas y responsables de delitos de alta lesividad.” Norma que reemplazaba una similar del 2009.
No cabe duda que se trataba de una medida populista, que hasta podría resultar beneficiosa, frente a la ola delictiva que asolaba a Lima y algunas ciudades del interior, que desde luego, fue sobredimensionada por la prensa sensacionalista en medio de una campaña teñida de crímenes que siempre hubo, pero que parecieran haberse incrementados por la presencia cada vez mayor de cámaras de seguridad y el uso de las cámaras de los celulares. A lo que además aportó la gavilla y lumpen al servicio de la agrupación fujimorista, adiestrada desde tiempos de Montesinos, para crear psicosociales, de forma ficticia, o a través de la comisión de delitos realizados de manera “estratégica”, para crear la sensación de caos en la ciudad (Lo cual parece que se sigue produciendo, pues de ello dan evidencias los recientes trágicos disturbios de Huaycán).
El gobierno de PPK, a través del Ministro del Interior Carlos Basombrío, activó el programa de recompensas, elaborando una larga lista de “buscados” y “poniendo precios a sus cabezas”. De ese modo el actual gobierno cumplía con una de sus promesas de campaña.
No obstante, este programa o lo que sea que es, tiene graves fallas de fondo y de forma, que lo asemejan a similares errores, cometidos en el afán por combatir el delito.
Jueces sin rostro, procesos sumarísimos que no respetaban garantías, incremento innecesario e ineficaz de penas, tipos penales específicos que repiten a otros tipos penales ya regulados, colaboradores eficaces cuya eficacia consistía en buscar liberarse de su propia responsabilidad, el sistema mismo de recompensas, parecido al que se ven en las películas sobre vaqueros; a lo que se une la casi inexistente reserva de las investigaciones preliminares por parte de quienes están obligados a cumplirla, e incluso la pendiente reforma constitucional para otorgarle 48 horas, o hasta 15 días a la policía, para delitos de organizaciones criminales, a fin que retenga a un intervenido, en tanto pasa a disposición del Fiscal o Juez. Todo ello ha sido y es una muestra de un Estado que no escucha a la razón y al derecho, sino a la masa desesperada.
Lo hecho en las últimas décadas del siglo XX, responde en todo caso a la emergencia de la violencia subversiva (o terrorista, como gusta llamarla la mediocracia, aunque ya sabemos que no todo fue terrorismo), que fue parte de un ejercicio abusivo del poder y un desprecio absoluto por los derechos fundamentales. Pero, entrado el siglo XXI, con gobiernos democráticos y con un Estado de derecho en desarrollo, apelar a medidas de emergencia que afectan a principios como el de presunción de inocencia, derecho de defensa y debido proceso, resulta inaceptable.
El ciudadano común cree que estas medidas de emergencia lo protegen, pero en ocasiones, como en el caso de Luis Raúl Salazar Belito, termina siendo víctima de un vergonzoso como dañino sistema de delaciones, que lo puso en la mira de los ahora “cazadores de recompensa”, que no son precisamente gente de bien, pues no los mueve la justicia, sino el dinero, sin importarle si a quien delata es un intervenido, imputado, denunciado, reo en ausencia, contumaz o condenado; porque además, la ley y el reglamento no lo prevén. Todo el que aparece en la prensa como supuesto delincuente, entra en la lista de los más buscados.
Pero, ocurre además que este programa de recompensas, debido a que recarga sobre la población la tarea de buscar al delincuente, consagra la ya comprobada incapacidad de la PNP, que se manifiesta así por la incompetencia propia de una institución mal pagada, mal preparada, instrumentalizada políticamente y desmoralizada; pero también por una manifiesta corrupción, erogando un doble gasto al Estado (que somos todos nosotros), pues además de pagar a la policía para que capture a los criminales (que no lo hace o lo hace mal, por eso tienen que darle 24 horas más), le estamos pagando a ciudadanos que se dedican a buscar a los presuntos delincuentes, promoviendo la delación, no precisamente por causas cívicas o de compromiso con la lucha contra el crimen, sino por motivos crematísticos. Lo cual es un mensaje muy negativo para nuestros niños, quienes ven la cacería, el dinero y la sanción, no la lucha por la justicia, bajo condiciones de humanidad y legalidad, que debe estar reservada de manera exclusiva a quien debiera estar preparado para ello: la PNP.
Cabe añadir que la mencionada incapacidad y corrupción de nuestra policía, ha generado además otros mecanismos para paliar el delito, como el serenazgo, que duplica esfuerzos, y diluye o distrae la responsabilidad que debe recaer exclusivamente sobre la PNP, en la lucha contra el delito. Ello sin duda genera un doble gasto para la población urbana, pues hay que pagarle al policía y al sereno, para que hagan más o menos lo mismo, no pudiendo desligarnos de dichos pagos, porque al policía se le paga con nuestros tributos y a serenazgo se le pagará ahora de manera obligatoria a través del recibo de luz.
Nos preguntamos al respecto si alguna ciudad importante del mundo tiene dos sistemas de control de la seguridad por separado.
Los posibles éxitos del sistema de recompensas además son dudosos, porque estas capturas podrían ser el resultado de un mecanismo velado de compensación a los policías, que conociendo el paradero de los delincuentes, manejan sus detenciones, en beneficio propio, a partir de posibles testaferros, pero al mismo tiempo dotan al gobierno de turno de resultados, que los ayuden a mostrar una presunta eficacia y la perfecta cortina de humo, cuando ello sea necesario. Lo dicho no resulta descabellado, conociendo la forma como se manejan dentro de la PNP las entidades que se encargan de recuperar bienes.
Desde hace muchos años somos testigos, a través de los medios, de la manera tan ligera como irresponsable con las que se realizan las investigaciones criminales (con la anuencia o indiferencia del Ministerio Público y el Poder Judicial), violando permanentemente la presunción de inocencia y la reserva de las investigaciones, mostrando a intervenidos y detenidos como delincuentes "ya condenados" por periodistas y espectadores (que ni aun así deben ser expuestos al escarnio público), y alimentando con ello programas de televisión que presuntamente luchan contra el crimen, pero que no son más que asquerosos reálitis que lucran con la dignidad humana.
No cabe duda que este manejo ha creado en la población la percepción que un detenido o intervenido, por el solo hecho de serlo y mostrarlo a la comunidad, ya es delincuente, y ya no es necesario realizar proceso alguno para comprobarlo, produciendo esa tendencia al linchamiento que ya vemos diseminada por todo el país, no sólo por la falta de presencia del Estado, o por su inoperancia, sino también porque han hecho de la lucha contra el crimen un circo, que deja a la inquisición española, a la cacería de brujas o al macartismo norteamericano, como un juego de niños, pues basta la denuncia para que el individuo quede inhabilitado para la sociedad. Y la legislación sigue reflejando esa tendencia a dejar por los suelos la presunción de inocencia, en aras de proteger a la sociedad de los delincuentes, que aún no lo son en realidad, porque un Juez no ha dicho que lo son.
Este trato mediático y circense de la lucha contra el crimen parece haber tocado fondo con la paranoia surgida luego de la revelación de un video, en el que se ve a un ciudadano deambulando en las afueras del cine siniestrado del Mall Larcomar. La imputación indirecta previa, el ofrecimiento de recompensa por su captura y la sugerencia que el incendio fue provocado por él (lo cual probablemente forma parte de una estrategia de la defensa de la empresa sobre la que habría responsabilidad, a la cual se prestó la PNP y el mismo Ministro) encontró rápido eco en la sociedad, pues, acostumbrados como estamos a dirigir con rapidez el dedo acusador, se produjo el absurdo hecho que un ministro le pidiese a dicho ciudadano que probase su inocencia presentándose ante la justicia, cuando, en estricto derecho, corresponde que el denunciante o acusador prueben que la persona cometió el delito, en tanto ésta es inocente y no tiene por qué salir a dar cuenta de sus actos, y menos gastar en abogado para ello.
Dicho esto, nos ratificamos en que el programa de recompensas, que es más bien un programa de delaciones por dinero, es vergonzoso, por lo que significa para un país renunciar a sus instituciones, a sus formas y a sus principios, en aras de dudosos resultados, tal cual se hizo en los 90 con la nefasta guerra contra Sendero Luminoso y el MRTA, que cobró tantas vidas inocentes, por manos de los subversivos, pero también por mano del Estado. Y es además un programa peligroso, porque nuestros políticos y policías, si en algo están aliados en la lucha contra el crimen, es en mostrarse muy dispuestos a informar todo a través de una prensa ávida de sensacionalismo, tal como ocurrió esta semana, en la que pasaron de promover una histeria colectiva que, felizmente, parece haber terminado con las declaraciones del ciudadano al que se la atribuía la condición de incendiario y casi terrorista, a tratar de aplacar algo parecido a lo que la policía y los políticos mismos produjeron: otra histeria colectiva en torno a supuestos traficantes de órganos, que los jefes policiales tuvieron que acallar y desmentir, controlando, no sin mucho esfuerzo y con el resultado de una vida humana perdida, la violenta ira de una población a la que nuestras autoridades no educan, sino exacerban. De ello además hay muestras en el pasado, con la vergonzosa actuación que hizo el ex Ministro del Interior del gobierno de Alejandro Toledo, Octavio Salazar, que organizó un operativo para capturar a supuestos pishtacos, y el eco que se dio a la lamentable campaña "chapa tu choro", que impulsó una candidata de la actual mayoría congresal, Cecilia García Rodríguez.
Bien dice el dicho: “Cría vientos y cosecharás tempestades”.
Ya estamos alertados, tú puedes ser la próxima víctima de una sociedad que no ha aprendido la lección que nos dejó los 90: no se combate la delincuencia y el caos, con más caos y más violencia desmedida, porque al final nadie sale ganando. Tal vez ganen los medios, los policías y políticos corruptos, los empresarios que se sirven de la violencia, pero siempre seremos los de a pie, los que pendemos del lado más débil de la soga, quienes podemos terminar perjudicados. Todo en aras de una lucha que, de seguir así, mañana tendrá que ser nuevamente revisada por los defectos de forma y de fondo que contiene. Luego de contar los muertos, los heridos, los deshonrados y los privados de su libertad por esta nueva guerra de "tierra arrasada" que se pretende continuar.
Ello, hasta que la educación, la honestidad y el respeto por la vida humana, produzcan una mejor sociedad. Que ojalá sea pronto.
